Modernización del federalismo educativo en Zacatecas

Resumen

En 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), se buscó dar una respuesta puntual a la descentralización mediante la transferencia de atribuciones educativas y de los recursos humanos, financieros y materiales a los estados, de tal suerte que éstos operaran los servicios de la educación básica y Normal. Luego, en 1993 se sancionó legalmente el ANMEB con la Ley General de Educación y con el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública al año siguiente.

La federalización educativa en el estado de Zacatecas, como en el resto del país, significó el abandono financiero de la Federación a los estados, lo cual tuvo resultados desastrosos: la inequidad en la transferencia de los de por sí escasos recursos económicos federales destinados a la materia educativa generó un déficit presupuestario a nivel  nacional en la educación superior. Como consecuencia de las tensiones entre el sistema educativo federal y el estatal, es entonces comprensible la presencia cada vez más significativa de la inversión privada en el mercado de lo educativo.

Por otra parte, en tanto que el nivel de escolaridad no llegue a los doce años (los que comprenden la educación básica), las posibilidades de que la educación sea un factor de movilidad social se reducen. Además, el rezago educativo y el analfabetismo hacen casi imposible que la educación sea útil para impulsar el desarrollo social o económico.

Los retos para el sistema educativo en Zacatecas, específicamente de educación básica, son numerosos, entre los que destacan: i) alcanzar la universalidad en preescolar con docentes profesionales del nivel, ii) frenar el rezago educativo y aumentar la eficacia terminal en secundaria, iii) elevar el nivel de escolaridad, iv) acelerar la aplicación del programa Escuelas de Calidad por niveles escolares, v) reactualizar a los profesores para que modifiquen su práctica docente mediante el enfoque centrado en la escuela, vi) promover la formación de profesionales de la gestión y administración escolar, vii) fomentar una nueva cultura de la evaluación, y viii) disminuir la burocracia escolar.